Del 'pen drive' con los sobornos al "amiguito del alma, te quiero un huevo"

La anulación de las escuchas en la cárcel decidida por el Tribunal Superior de Madrid supone retirar un puñado de arena de la montaña de pruebas levantada por la investigación judicial durante dos años para acreditar la existencia de una trama de corrupción masiva vinculada al PP. Seis meses antes de que ingresaran en la cárcel Francisco Correa, jefe de la red delictiva; y su lugarteniente Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, y de que sus conversaciones en prisión fueran grabadas, el juez Baltasar Garzón había iniciado la investigación de un caso en el que ya llevaba trabajando un año la Fiscalía Anticorrupción.

Garzón ordenó entonces escuchas telefónicas de los sospechosos, pidió informes a la Agencia Tributaria, encargó vigilancias policiales a las empresas y los directivos de la trama y citó a testigos para ir sumando indicios contra los corruptos. Esas pruebas, reunidas en decenas de tomos con miles de folios, acreditan los delitos que se imputan a los principales implicados: asociación ilícita, falsedad documental, cohecho, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales... Las principales pruebas, obtenidas antes de grabar a Correa y Crespo en la cárcel, son las que siguen:

- Sobornos a cargos del PP. El 10 de febrero (diez días antes de las grabaciones en la cárcel), el juez Garzón ordenó el registro de la oficina principal de la trama corrupta en la calle de Serrano. La documentación incautada en el principal centro de operación de la trama ponía de manifiesto una actividad vinculada a administraciones públicas del PP donde destacaba el pago de comisiones ilegales a políticos de este partido. Además de la documentación incautada, que reflejaba las contabilidades y amaños de muchas de las empresas de la red, la policía requisó el pen drive que el contable José Luis Izquierdo escondía en su mano. En ese pen drive se recogía la supuesta caja B que llevaba la trama para apuntar ingresos de fondos procedentes de actividades ilegales y el supuesto pago de comisiones a políticos del PP, entre ellos el ex tesorero Luis Bárcenas, tres diputados autonómicos madrileños, media docena de alcaldes del PP y otros cargos menores.

- Financiación ilegal. En los registros de las empresas y distintas cajas de seguridad que poseía la trama, se encontraron documentos que supuestamente apuntaban la financiación ilegal del PP. Además, las conversaciones grabadas en Valencia a los sospechosos en diciembre de 2008 y enero de 2009 por orden de Garzón, apuntaban la existencia de numerosos sobornos en forma de trajes o regalos de distinta índole a la cúpula del PP valenciano, con el presidente Francisco Camps a la cabeza.

- Los trajes de Camps. Entre el 24 de diciembre de 2008 y el 5 de enero de 2009, Álvaro Pérez habló por teléfono con Camps al menos en dos ocasiones que quedaron grabadas. El contenido de la conversación demostraba la estrecha vinculación de Camps con Pérez, contratista privilegiado por adjudicaciones a dedo en la Administración valenciana. En una de esas conversaciones, Camps se dirigía a Pérez así: "Amiguito del alma, te quiero un huevo". En la conversación, la mujer de Camps reprochaba a Pérez haberle hecho un regalo tan caro que pensaba devolverlo. Pérez deja claro su mensaje con los costosos regalos: "Fíjate si te debo", le dice a Camps. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre los regalos de trajes de la trama a Camps se aceleró entre diciembre de 2008 y enero de 2009. El sastre José Tomás, de la tienda Forever Young, acreditó en febrero con documentos de la tienda que hasta cinco cargos del PP valenciano, entre ellos Camps, recibieron trajes regalados. Todo ocurrió antes de las detenciones.

- Constructores y promotores implicados. Documentos incautados a primeros de febrero y conversaciones grabadas meses antes de que Correa y Crespo fueran encarcelados, demuestran el pago de fuertes sumas de dinero por parte de diversas constructoras a la trama corrupta a cambio de su intermediación para lograr obras y contratos públicos en administraciones gobernadas por el PP.